Es necesario imponer sanciones más contundentes a las empresas o contratistas que se cartelizan, tanto en el sector público como en el privado, y de esta manera combatir con más fuerza estas prácticas anticompetitivas que le están haciendo daño a la economía del país.

Así piensa la Superintendente de Industria y Comercio (SIC), la entidad encargada de velar por la libre competencia en el país.

Por esto, el titular de esa institución, Pablo Felipe Robledo, le envió el viernes una carta al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, donde le pide que incluya dos artículos al respecto en el paquete de proyectos de ley que prepara el Gobierno, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y cuyos textos se darían a conocer esta semana.

La primera norma propuesta por la SIC haría que las multas subieran hasta un 30 por ciento sobre el valor de las ventas involucradas en el cartel o acto colusorio, durante el tiempo que se mantuvo la conducta; la segunda estipularía como sanción adicional una inhabilidad de hasta cinco años para contratar con el Estado en eventos que tengan que ver con licitaciones públicas.

“En el caso del cambio en la forma de imponer las multas, se trata de adaptar el sistema europeo o estadounidense, que ya lo pusieron en marcha países de Latinoamérica como Chile, México o Brasil, el cual consiste en sancionar con unos topes porcentuales sobre las ventas involucradas en el cartel, lo que permitirá, en algunos casos, aumentar la capacidad sancionatoria de la entidad”, señaló Robledo en el marco de la Sexta Jornada de Libre Competencia en el Sector Financiero, que realizó Asobancaria.

Hay que recordar que el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Ejecutivo está preparando un nuevo paquete de medidas contra la corrupción, que buscan garantizar la protección a los denunciantes, conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios y develar qué intereses tienen quienes laboran en entidades públicas, entre otros asuntos.

Para algunos proyectos se usaría el ‘fast track’, que permite tramitar cambios legales en menor tiempo del normal.

El argumento es que, aunque no se trata de abusar de dicho mecanismo, en los acuerdos de paz con las Farc existe el compromiso específico de la lucha contra la corrupción.

Todos estos anuncios se dan en medio del escándalo por el pago de millonarias coimas que habría hecho la constructora brasileña Odebrecht a políticos y funcionarios a cambio de la asignación de contratos. Otras empresas del sector también son investigadas por conductas parecidas.

Además, desde el año pasado, la SIC ha proferido condenas sobre acuerdos para fijar precios y repartir mercados en productos como pañales, papeles, cuadernos y ganado.